El contrabando le cuesta a la Argentina US$ 2.300 millones anuales

Argentina atraviesa una expansión crítica del contrabando, fenómeno que se profundizó tras la desregulación económica y el auge de plataformas de venta digital junto a locales físicos de artículos importados sin control. Este escenario de ilegalidad no solo distorsiona los precios internos y desincentiva la inversión privada, sino que genera un perjuicio directo a las arcas del Estado Nacional, dejando de percibir ingresos que representan el 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB). El impacto es especialmente severo en el rubro de la cerveza, que encabeza las pérdidas sectoriales, mientras el país retrocede en términos de transparencia comercial, ocupando hoy la posición 120 de 158 países en el índice de comercio ilícito de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (Tracit).

La dimensión del mercado ilegal en 2025 se traduce en cifras alarmantes para la administración pública. Según estimaciones de la consultora MAP, la evasión por aranceles, IVA e impuestos internos alcanza los US$ 2.300 millones. Para dimensionar el costo de oportunidad, esta suma equivale a la posibilidad de construir 3.800 escuelas, 80 hospitales de alta complejidad o 1.900 kilómetros de rutas nacionales.

En términos comparativos, la pérdida de recaudación por contrabando iguala al 45% de lo que el Estado percibe por retenciones a las exportaciones o al 25% del impuesto al cheque. Este ecosistema delictivo afecta la estabilidad laboral, habiéndose cobrado ya 10.000 puestos de trabajo directos, afectando principalmente a los sectores textil (4.250 empleos menos), calzado (2.700) y neumáticos (1.250).

De la cerveza a los celulares

El sector de las bebidas es uno de los más golpeados por esta competencia desleal. La Cámara de la Industria Cervecera alerta que el mercado ilegal ya representa el 40% de las ventas en autoservicios, generando pérdidas sectoriales por US$ 1.100 millones. A esto se suma el avance en el segmento de destilados. Marcela Falasca, directora de la Federación Argentina de Destilados y Aperitivos (FADA), advirtió que estas redes “operan al margen de los mecanismos de control y fiscalización previstos, lo que puede derivar en serios riesgos para la salud”.

En el ámbito tecnológico, la situación es igualmente crítica. María Eugenia Mayans, gerente de Relaciones Gubernamentales de Lenovo/Motorola, precisó que “cada año entran 3 millones de celulares con esta modalidad”, una cifra que contrasta con el 5% o 10% que se registraba históricamente. Al respecto, Ana Vainman, titular de Afarte, señaló que “uno de cada tres celulares vendidos en 2025 no se fabricó en el país ni se importó legalmente”, subrayando la vulneración de los derechos del consumidor al carecer de garantías.

El abanico de productos que ingresan sin registro se diversificó hacia rubros inesperados como pañales, máquinas de afeitar, cosméticos y termos. Luis Galli, CEO de Newsan, detalló que el contrabando en perfumes supera el 80%, en celulares el 40% y en pañales el 15%. Galli fue enfático al analizar las causas: “no hay controles por falta de voluntad política y equipamiento”, sumado a que “las fronteras son grandes”, con flujos provenientes principalmente de Brasil, Paraguay y Bolivia.

Otros sectores reportan datos preocupantes:

1. Termos: Marcas como Stanley y Lumilagro detectaron que el 50% de los termos en circulación son ilegales, muchos fabricados con metales tóxicos.

2. Indumentaria deportiva: Con el auge de la Selección Nacional y el Mundial, el 70% de las camisetas vendidas en la vía pública son falsificaciones.

3. Tabaco: Representa el 11% de la industria, con casos extremos de sub-declaración. José Benitez, de Philip Morris Argentina, reveló que “hubo casos que presentaron declaraciones en ARCA por $ 58 el atado, cuando uno de primera marca supera los $ 2.000”.

Ante este panorama, el sector privado comenzó a articular reclamos conjuntos. En un reciente evento de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Francisco Morello, de Adidas, resaltó que la venta callejera creció un 6,5%, con puestos que funcionan como “showrooms de productos falsificados”. Aunque el Gobierno reforzó medidas a través de la Aduana y la Secretaría de Comercio, las empresas sostienen que la distorsión de precios y el riesgo sanitario siguen siendo amenazas latentes para la economía formal.